SEÑORES POLÍTICOS: ¡HÁGANLO!

            Cuando ya creíamos haberlo visto todo de los terroristas de ETA, van estos cerdos y nos “sorprenden” (lo entrecomillo porque realmente no creo que nadie se sorprenda realmente de que un asesino haga lo único que sabe hacer, que es matar a sangre fría y cobardemente) con una huída hacia delante frente al acoso al que el Estado de Derecho los tiene sometidos en todos los frentes: policial (recordemos las recientes detenciones de los autores del atentado de la T-4 y de algunos de los asesinos de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero en Francia), judicial (recordemos que prácticamente toda la Mesa Nacional de Batasuna está entre rejas) y político (recordemos la demanda de ilegalización de ANV y PCTV presentada por la Abogacía del Estado y su imposibilidad de presentarse a estas pasadas elecciones generales, por más que se hartaron a decir que estarían presentes en esos comicios y tristemente lo han estado, pero no como todos pensábamos, a través de una candidatura camuflada, sino asesinando).

            Porque si lo analizamos fríamente, sólo se puede calificar como huída hacia delante el vil y cobarde asesinato a sangre fría del ex-concejal socialista en Arrasate-Mondragón, Isaías Carrasco. ETA da un paso más, desafiando nuevamente al Estado de Derecho y a la sociedad vasca y española en su conjunto. “¿A ver si los podéis proteger a todos?”, viene a decirnos la manada de hienas que siempre ha sido ETA.

            Trabajadores de empresas privadas de seguridad y funcionarios públicos de la Ertzaintza, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil arriesgan su vida a diario y dan protección en Euskadi y en otras partes de España a Autoridades, jueces, fiscales, concejales (esencialmente del PSOE y del PP). Atacarles a ellos, que cuentan con escolta, es asumir riesgos. Y estas alimañas no tienen agallas para eso. Mejor se acribilla a balazos a un pobre e indefenso ex-concejal sin escolta, cuando vaya a salir de su casa para dirigirse a su puesto de trabajo. Y para asegurarse mejor de abatir a su objetivo, esperar a que esté sentado dentro en su asiento dentro del coche, y así no hay posibilidad ni de que se defienda ni de que pueda escapar o quedar malherido.

            Tras el mensaje clarísimo de ETA, ahora habrá que poner escolta a varios centenares de ex-concejales del PP y del PSOE. Pero no vamos a poder poner protección, y eso lo sabe ETA, a todos y cada uno de los amenazados por razón de su profesión: políticos, periodistas, profesores de universidad, jueces, fiscales, abogados. Dentro y fuera de Euskadi, porque no nos olvidemos que llegaron a ir hasta Sevilla para matar a balazos al matrimonio Jiménez Becerril en enero de 1998. Los amenazados con nombre y apellidos ya llevan, como no puede ser de otro modo, escolta, pero no vamos a tener agentes suficientes para todos los amenazados, porque al final ETA tiene amenazada a toda la sociedad que no comulga con sus ideas fascistas y totalitarias. A todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, no importa si son policías, militares, jueces, fiscales, políticos, médicos, trabajadores civiles del ministerio de Defensa, empresarios, etc. Y ante esta cruda realidad, ¿qué podemos hacer? En mi opinión, la respuesta que el Estado de Derecho debe dar a este nuevo crimen de ETA y a la coacción que lleva implícita, no es tan sólo ofrecer toda la protección que seamos capaces de dar a un nuevo colectivo cuyos miembros se creían libres de la amenaza de los terroristas. Acabamos de comprobar que resulta tan peligroso ser concejal de un partido constitucionalista de ámbito estatal, como haberlo sido meses e incluso años atrás. En mi opinión debemos incrementar sea como sea nuestra capacidad de infligir mayor daño a ETA, a sus estructuras operativas, logísticas y de apoyo, por supuesto con la utilización de las leyes y del Estado de Derecho, y reducir aún más su ya patética y paupérrima capacidad para atentar. A aquellos que les financian, que les proporcionan escondite o cobijo cuando huyen. A aquellos que les proporcionan información y les respaldan políticamente. O que justifican sus crímenes, cuando no los alientan. Más y mayor presión, si cabe, en todos los órdenes: cooperación internacional, actuaciones policiales y judiciales, mayor presión y vigilancia a los presos preventivos y a los encarcelados. Toda la que sepamos capaces de aplicar.

            Cualquier idea es defendible si es respetuosa con los derechos humanos y los principios democráticos y se hace a través de medios pacíficos y no violentos, pero los radicales consideran que pueden conseguir sus fines políticos a través de la extorsión, del chantaje y de la eliminación física del adversario político, ya sea con bombas o a tiros, como el viernes pasado.

            Y ante esto, y una vez que la sociedad democrática constata una vez más que ETA no ha entendido nada tras todos estos años de sufrimiento, sólo cabe un camino: la unidad de todos los demócratas, sea cual sea su ideología, para aislar a los violentos; la acción de las Fuerzas de Seguridad y de los Tribunales. Y viene al caso que destaquemos que todo el mundo está haciendo los deberes, excepto la clase política vasca y española, quienes se tiran los trastos a la cabeza hasta con la víctima de cuerpo presente. Y lamentablemente, no podemos ser optimistas en cuanto a conseguir la unidad de los demócratas contra el terrorismo. Y eso es, esencialmente, en lo único que ahora mismo no estamos apretando bien las tuercas a ETA, a pesar de que la sociedad entera lo demanda clamorosamente. Esa debe ser inexcusablemente la respuesta democrática y la prioridad política número uno ante la huida hacia delante de la escoria terrorista que son y el detrito de la especie humana en que se han convertido. Pero sólo los dirigentes de los partidos democráticos pueden hacerlo. Sólo ellos y nadie más. Por tanto, ¡que lo hagan! Es nuestro deber como ciudadanos exigírselo firmemente porque son únicamente ellos quienes no están haciendo todo lo que deben para hacer frente a esta nueva amenaza de ETA. Dejen de discutir sobre cuestiones como esta que, como se ha demostrado, son vitales para el futuro de todos.

Joan Miquel Perpinyá Barceló

Secretario General

Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)