Altos mandos de la Guardia Civil fueron informados en varias ocasiones durante los últimos años de que algunos agentes supuestamente daban soplos a los dueños o encargados de clubes de alterne, especialmente de la zona de Ribadeo. Incluso a principios del 2000 en el marco de otra investigación llevada a cabo en la capital lucense aparecieron grabaciones telefónicas en las que se hablaba de esta situación y, además, quienes se comunicaban daban nombres y apellidos de los agentes. Se desconoce lo que ocurrió con esta documentación, pero lo que está claro es que no hubo actuación alguna o por lo menos que trascendiese públicamente.
Las informaciones transmitidas a la cúpula del instituto armado apuntaban a que varias personas ofrecían detalles sobre los días en los que estaba previsto realizar los controles en los clubes de la zona de Ribadeo, uno de los cuales siempre resultó bastante polémico como consecuencia de denuncias que formularon algunas de las empleadas. Precisamente en ese club se produjeron cuatro detenciones en los últimos días dentro del marco de la operación Carioca, que se desarrolla para poner al descubierto la denominada trama de los burdeles. En el Queen's, en Lugo, también pudo haber ciertos favoritismos.
La Guardia Civil acabó actuando, según algunas fuentes, al tener constancia de que el asunto de los clubes de alterne estaba en manos de una jueza de Lugo, con fama de ser rigurosa en su trabajo. Parece que el dispositivo no va a cerrarse por ahora y en algunos círculos no deja de insistirse en que algún guardia más podría ser imputado.
Cada vez está más claro que mandos del instituto armado conocieron y permitieron el presunto trato privilegiado a algunos de los clubes de alterne, aunque desde la Guardia Civil se insiste en que hay que esperar a que la Justicia resuelva y en que los agentes tienen que utilizar en algunos momentos argucias y técnicas para conseguir información. «El que crea que conseguir el testimonio de una mujer de la noche era posible sin nada a cambio está muy equivocado. Ahora bien, una cosa es prometer algún beneficio o premio y otra es cometer ilegalidades que, en este caso concreto, habrá que probar si se hicieron», apuntó ayer un guardia que pidió permanecer en el anonimato.