La Guardia Civil detuvo como presunto autor de sendos delitos de alteración de precios en concursos y subastas públicas y daños a J.L.G.A., de 54 años de edad y vecino de Vilalba (Lugo), quien poseía una empresa que tenía suscrito contrato con la Tesorería General de la Seguridad Social para el servicio de localización, recogida, transporte y depósito de bienes embargados por las unidades de recaudación ejecutiva en Lugo y provincia.
Según explicó este martes el instituto armado, el empresario fue arrestado en el marco de la 'operación Custodio' e indicó que los bienes embargados por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería de la Seguridad Social eran depositados por la empresa del detenido en una nave que utilizaba como depósito en un polígono industrial próximo a esta capital.
Las mismas fuentes indicaron que de las investigaciones que se vienen llevando a efecto para el esclarecimiento de delitos contra el patrimonio en la provincia se tuvo conocimiento de que el detenido pudiera haber causado daños en un semi-remolque con elevador de eje incorporado, mientras se hallaba depositado por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social, en la nave de su empresa.
El semi-remolque fue sacado a subasta pública, donde el detenido supuestamente trató de acordar el precio con las otras personas interesadas en la compra del mismo, y, al no lograr su objetivo, le ocasionó diversos daños.
Los desperfectos se localizaron en el elevador de eje incorporado, en el circuito eléctrico, en los dos cilindros del sistema hidráulico, así como en el conjunto distribuidor, hallándose en su interior virutas de metal, por lo cual también se le imputó un delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas.
Patrimonio de otros
La Guardia Civil destacó que este tipo de hechos repercute en el patrimonio de otras personas que hubieran podido albergar la esperanza de llevar a cabo "una buena operación", apareciendo también como principal perjudicado el dueño de los bienes embargados "cuando una maniobra sobre la subasta hace que reciba un precio nimio e incluso vil", pero no se concibe como un delito contra un patrimonio concreto, sino como un ataque a determinados medios reconocidos por el derecho y de los que no se puede prescindir para la satisfacción de los créditos.
El bien jurídico protegido es, por tanto, según aclaró la Guardia Civil, de carácter colectivo, siendo la política económica de precios, entendida como un poder ordenador que tiene la Administración para fijar los precios en función de los diversos factores concurrentes