La Guardia Civil investigó en Viveiro y Foz 20 licencias por orden judicial
La senadora Gueimunde preguntó al Gobierno por inspecciones de Delitos Urbanísticos donde no manda el PP
Informaciones sobre denuncias y sentencias urbanísticas en la costa mariñana llevan a la senadora popular Mariña Gueimunde, también edila en Viveiro, «a pensar que el índice de delitos en la materia es lo suficiente importante». Para conocer más datos, preguntó al Gobierno por las investigaciones del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo. Centró su interés en la provincia y, de modo particular, en Viveiro, Burela, Foz y Ribadeo. No son los únicos del litoral, pero en ninguno de ellos gobierna al PP, que sí manda en O Vicedo, Xove, Cervo y Barreiros. El Estado le respondió que, siempre por petición del juzgado o del fiscal, la Guardia Civil investigó una obra y nueve licencias en Foz, diez licencias en Viveiro y nada en Burela y Ribadeo.
Suman veinte, entre el 2007 y el año actual. A requirimiento de la Fiscalía de la Audiencia de Lugo, en el 2007 Delitos Urbanísticos emitió un informe por «una supuesta infracción» en construcciones bajo cubierta en un edificio de varias plantas, en Foz, sobre el que tenía abiertas diligencias el Juzgado de Instrucción número uno de Viveiro. También en Foz, pero en el 2008 y a petición del Juzgado número dos de Viveiro, emitió un informe sobre nueve licencias de obra en núcleos rurales. Ese juzgado solicitó a la Guardia Civil, en el 2008, informes sobre seis licencias de obra concedidas en Viveiro; y, el año pasado, informes de otras cuatro licencias en el término viveirense.
El Estado hace constar que los tres miembros de la policía judicial de la Guardia Civil que investigan delitos urbanísticos en la provincia no actuaron, hasta ahora, por iniciativa propia.
Dirigiéndose a los alcaldes socialistas de Viveiro y Foz, la senadora popular Gueimunde les «pide que recapaciten». Y del viveirense dice: «Ha quedado en evidencia» porque el Concello ha sido condenado a pagar las costas de los juicios por un edificio que no se construyó.