Generalmente, los jueces y tribunales competentes para investigar y tramitar un proceso penal son los correspondientes al lugar en el que se ha cometido el delito.
Si éste se desconoce, para determinar el juzgado o tribunal deberá atenderse al lugar:
Pero la competencia de los distintos juzgados y tribunales no se determina de forma exclusiva atendiendo a un criterio territorial sino también funcional. Así, existen determinados delitos que por su gravedad o sus características son enjuiciados por juzgados y tribunales específicos.
A continuación se detallan todos los juzgados y tribunales con competencias penales así como las competencias o funciones que cada uno de ellos tiene atribuidas.
Actúan en la zona del municipio en la que se encuentran situados y existen en aquellos en los que no hay Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Se encargan del enjuiciamiento de las faltas.
Abarcan el ámbito territorial de un partido judicial, esto es, la unidad territorial formada por uno o más municipios colindantes que pertenecen a una misma provincia. La sede de estos juzgados se sitúa en el municipio capital del partido.
Tienen competencia para conocer los siguientes asuntos:
Pueden abarcar territorialmente un partido judicial o varios, e incluso varias provincias. Cuando desarrollen sus competencias en una sola provincia, su sede estará en la capital de la misma.
Los Juzgados de lo Penal enjuiciarán los delitos cometidos en su demarcación cuya pena no supere los 5 años de prisión o pena de multa.
Los Juzgados de Menores enjuiciarán los delitos cometidos por menores.
Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria ejercerán funciones relacionadas con la vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las penas privativas de libertad, medidas de seguridad en establecimientos penitenciarios... etc.
Desarrollan sus competencias en una provincia, y su sede sitúa en la capital de la misma. Pueden existir también secciones de la Audiencia fuera de la capital de provincia a la que quedarán sujetos uno o varios partidos judiciales.
Tendrán competencia para conocer de:
Abarcan el territorio de su respectiva Comunidad Autónoma y su sede se sitúa en la ciudad designada en cada caso por los Estatutos de Autonomía, o en su defecto, en la ciudad en que la Audiencia Territorial tenga su sede, o en la capital de la Comunidad Autónoma.
Las ciudades de Ceuta y Melilla están integradas dentro del territorio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Estos tribunales conocerán de:
Abarcan todo el territorio nacional y tienen su sede en Madrid.
El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior y conoce de:
La Audiencia Nacional llevará las causas por determinados delitos, entre otros:
Los Juzgados Centrales de lo Penal enjuiciarán aquellos delitos cuya pena no supere los 5 años de prisión o pena de multa.
Los Juzgados Centrales de Instrucción realizará la instrucción de las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, o en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal.
Estos Juzgados también tramitarán los expedientes de extradición pasiva, según determinen las leyes aplicables.
El juicio del jurado se celebrará en el ámbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales, en la forma que determine la ley.
Respecto a las causas que puede enjuiciar el Tribunal del Jurado, se encuentran entre otras, las siguientes:
LAS ACTUACIONES JUDICIALES
Los actos del proceso penal, como todas las actuaciones judiciales, están sometidas a una serie de formalidades legales, como por ejemplo, deben practicarse, en principio, en una serie de días y horas hábiles, en la sede del Juzgado o Tribunal, dentro de unos plazos... etc.
Durante la fase de instrucción del proceso penal (esto es, la investigación del delito) son hábiles todos los días y horas del año, siendo horas hábiles desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde.
En la fase de juicio oral (durante el enjuiciamiento del delito) son hábiles todos los días del año salvo el mes de agosto y los festivos.
Los plazos en el proceso penal para cada una de las actuaciones suelen ser muy breves y se señalan por días; se cuentan empezando por el día siguiente al acto de comunicación (emplazamientos, notificaciones...) e incluyendo el día de vencimiento.
Si el acto de comunicación se produce en la fase de instrucción del proceso penal, se contarán en días naturales pero si se produce en la fase del juicio oral, sólo se computarán los días hábiles (sin contar domingos ni festivos)
Los actos procesales deben ser realizados, con carácter general en castellano, al ser este el idioma oficial del Estado.
También son oficiales las diversas lenguas de las Comunidades Autónomas por lo que podrán emplearse igualmente si ninguna de las partes se opone alegando el desconocimiento de la misma.
Hay actos procesales que deben permanecer en secreto, mientras que otros exigen su publicidad; con carácter general, se establece el secreto para la fase del sumario y la publicidad en el acto del juicio oral, aunque ésta puede restringirse en algunos casos.
Debe distinguirse entre la práctica de las notificaciones, citaciones y emplazamientos y las resoluciones judiciales tales como providencias, autos y sentencias.
Las notificaciones pueden practicarse en el domicilio del destinatario, en la sede del Juzgado o Tribunal, o bien por edictos cuando el interesado no tiene domicilio conocido.
Si el destinatario no se encuentra en el domicilio al momento de la notificación, se hará entrega de la cédula de notificación al pariente, familiar o conocido, mayor de 14 años, que se encuentre en el domicilio o, en su defecto, a uno de los vecinos más próximos; todos ellos tendrán la obligación de entregarla al interesado y podrán ser sancionados con una multa si no lo hacen.
La citación contiene el lugar, día y hora en que debe presentarse el interesado, además del juzgado que dicta la resolución y la fecha de la misma mientras que en el emplazamiento además de los contenidos anteriores se incluirá el detalle de las consecuencias que pueden derivarse en el caso de que el citado no comparezca en el lugar, día y hora que se hubiese señalado.
Pueden ser:
Esos aspectos pueden afectar a los procesados, acusadores particulares o actores civiles a la competencia del Juzgado o Tribunal, a la admisión o denegación de prueba... etc.
LOS PROCEDIMIENTOS PENALES
En materia penal, para determinar qué tipo de procedimiento es aplicable a cada caso concreto, debe atenderse a la gravedad de los hechos que se juzgan, si estos constituyen una falta o un delito, y dentro de estos si el delito puede o no ser sancionado con penas privativas de libertad (prisión) de hasta 9 años o superiores; así el juicio de faltas, el procedimiento abreviado y el procedimiento ordinario.
Junto a estos procedimientos estarían también los que, por razón de la materia (delitos cometidos por los funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos, provocación de incendios, el asesinato, el homicidio... etc.) se tramitan ante el Tribunal del Jurado, los 'especiales' por la condición de los imputados y el llamado procedimiento de 'habeas corpus'.
El procedimiento de "habeas corpus" es un proceso judicial rápido y sencillo, que refleja el derecho de cualquier ciudadano a solicitar su comparecencia inmediata ante el juez para que, una vez expuestos sus argumentos, se pronuncie sobre si su detención o arresto y las condiciones en las que se ha desarrollado el mismo han sido o no legales.
La duración máxima de este procedimiento judicial es de 24 horas, se inicia mediante escrito y no es necesaria la intervención de abogado ni de procurador.
La tramitación de este procedimiento puede ser solicitada por el detenido, su cónyuge o pareja de hecho, descendientes, ascendientes, hermanos, o sus representantes legales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y el Juez de Instrucción.
Salvo en este último caso, la solicitud se hará por escrito o comparecencia en la que deberán hacerse constar:
La comparecencia o escrito que da inicio al procedimiento debe presentarse ante el Juez de Instrucción del lugar en que encuentre la persona detenida, y no se conoce, el del lugar en el que se produjo la detención y, en su defecto, el del lugar en el que se tuvieron las últimas noticias del detenido.
Son consideradas detenidas ilegalmente aquellas personas que:
Una vez promovida la solicitud de "habeas corpus", el Juez examinará si se cumplen o no los requisitos necesarios para su tramitación, acordando o denegando, en su caso, la tramitación de la solicitud respectivamente.
El juez deberá comunicarle su decisión al Ministerio Fiscal y contra la misma no cabrá ningún tipo de recurso.
Si el juez admite a trámite la solicitud del procedimiento de "habeas corpus", oirá la declaración de la persona privada de libertad, a su representante legal o abogado en el caso de que lo haya designado, y citará después a los agentes y autoridades que hubiesen ordenado o practicado la detención y a la persona bajo cuya custodia se encuentre el detenido.
Si el juez lo considera procedente, para clarificar los hechos, podrá practicarse prueba (aportar documentos, citar a testigos... etc.)
Finalmente el Juez, en el plazo de 24 horas desde la admisión a trámite del procedimiento, dictará una resolución al respecto, en la cual podrá acordar:
Si el interesado solicita la tramitación de este procedimiento de mala fe (por ejemplo, con la intención de causar un trastorno a las autoridades, sabiendo que su detención es legal... etc.), podrá ser condenado a abonar las costas del procedimiento.
El juicio de faltas es el proceso penal rápido y sencillo, sin demasiadas formalidades, que tiene por objeto el enjuiciamiento de hechos de poca gravedad que son constitutivos de una falta penal.
Es fundamentalmente un procedimiento oral que se concluye generalmente en un solo acto, esto es, en la misma vista se detallan los hechos, se celebran las pruebas y se exponen las conclusiones quedando el juicio pendiente de sentencia.
El procedimiento se inicia mediante denuncia o querella y no es necesaria la intervención de abogado ni de procurador.
Se tramita ante los Juzgados de Instrucción y, en su defecto, en los de Paz del lugar en el que se hayan cometido los hechos constitutivos de falta.
Junto con la acción penal podrá ejercitarse la acción civil, esto es, la petición de responsabilidad civil o la reclamación de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la comisión de la falta penal.
El Ministerio Fiscal debe intervenir en estos procedimientos siempre que la falta cometida sea de las que se persiguen de oficio (por ejemplo, las lesiones) o en las que su persecución dependa de la presentación de una denuncia (por ejemplo, las amenazas); no será parte en estos procedimientos cuando las faltas sean de las que se persiguen únicamente si lo solicita el perjudicado (por ejemplo, daños contra el patrimonio)
En principio, la ausencia del inculpado no suspenderá la celebración del juicio de faltas siempre que se le haya citado debidamente.
En estos casos y dado que no comparece para oponerse a los hechos denunciados, se considerará que está conforme con los mismos y la sentencia se dictará en consecuencia.
Si, por el contrario, es el denunciante el que no comparece al juicio de faltas, se archivará el procedimiento.
La sentencia que ponga fin al procedimiento puede ser recurrida interponiendo en el plazo de 5 días desde su notificación, el correspondiente recurso de apelación que deberá presentarse ante el mismo Juzgado que dictó la sentencia y que será resuelto por el juzgado o tribunal superior jerárquicamente.
Así la sentencia fue dictada por el Juzgado de Paz, el recurso será resuelto por el Juzgado de Instrucción y si fue dictada por éste, será resuelto por la Audiencia Provincial.
La sentencia que resuelva el recurso de apelación formulado no puede recurrirse.
El procedimiento abreviado es el procedimiento penal por el que se juzgan los delitos que pueden ser castigados con penas de privación de libertad que no superen los 9 años, así como con penas de distinta naturaleza cualquiera que sea su cuantía o duración (por ejemplo, multa, inhabilitación... etc.)
El procedimiento se inicia a través de denuncia o querella interpuesta por un particular o bien a través de atestado policial, o diligencias practicadas por el Ministerio Fiscal.
Si se inicia el procedimiento abreviado y después resulta que es otro el procedimiento que debe seguirse para juzgar los hechos (juicio de faltas, ordinario, de menores... etc.), el enjuiciamiento del delito continuará por el proceso penal que corresponda, sin que se anulen las actuaciones ni los resultados de las diligencias practicadas hasta el momento.
Respecto a las partes que pueden intervenir en el proceso penal destacar que al inculpado desde su detención, o desde que tras la práctica de las actuaciones de investigación se le considere autor del delito, deberá estar asistido de un abogado, que podrá designar libremente o que le será nombrado de oficio. Igualmente, y desde la primera comparecencia, deberá designar un domicilio a efectos de notificaciones.
En la tramitación del procedimiento abreviado pueden distinguirse tres fases: la fase de instrucción, la fase intermedia y el juicio oral.
La fase de diligencias previas se desarrolla ante el Juzgado de Instrucción del partido judicial en el que el delito se haya cometido.
Las diligencias previas se practican para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho delictivo, las personas que han participado en él y el órgano que debe juzgarlo.
Su finalidad es obtener la mayor información posible para formular la acusación finalizando cuando el Juzgado de Instrucción considera que se han practicado las diligencias necesarias para ello.
En esta fase puede procurarse protección a los perjudicados por el delito, custodiar las pruebas del mismo que puedan desaparecer y sirvan para identificar al delincuente, también puede ordenarse la detención de los presuntos culpables... etc.
Por su parte, el juez debe determinar quién es el presunto autor del hecho delictivo y citarlo para que comparezca personalmente.
En esa comparecencia, se le solicitará que designe un domicilio en España donde puedan remitírsele las notificaciones o bien que designe a una persona para que las reciba en su nombre; ello permitirá que el juicio oral pueda celebrarse en su ausencia.
Si la Policía Judicial interviene en la determinación de los hechos constitutivos de delito, deberá identificar y tomar los datos de las personas que se encuentren en el lugar de los hechos y para ello podrá:
Por su parte, el Juez o Tribunal podrá determinar también que el encausado preste fianza de cualquier tipo con el fin de garantizar las responsabilidades derivadas del delito y las costas del proceso penal, o bien su detención, ingreso en prisión o libertad provisional.
Finalizada la investigación de los hechos, el juez podrá adoptar cualquiera de las siguientes resoluciones:
Puede eludirse la tramitación de las diligencias previas acudiendo al juicio oral de manera inmediata si concurren las siguientes circunstancias:
Esta fase sigue desarrollándose ante el Juez de Instrucción y su finalidad es la de resolver si procede o no la apertura del juicio oral.
Así, se comunicarán todas las actuaciones a las partes para que soliciten:
Este escrito debe contener expresamente la solicitud de apertura de juicio oral, quiénes son los acusados, cuáles son los hechos delictivos y que delito constituyen, cómo ha participado en ellos el acusado, si concurren o no circunstancias atenuantes o agravantes, la pena y la responsabilidad civil que se solicita, los medios de prueba y, finalmente, la adopción, modificación, suspensión o revocación de las medidas cautelares (detención, prisión provisional, libertad condicional... etc.)
En principio si esta solicitud es formulada por las partes acusadoras (Ministerio Fiscal y acusación particular), el Juez de Instrucción debe estimar la petición salvo que sea necesaria su tramitación para determinar las posibles responsabilidades civiles que se hayan podido derivar; si es sólo una de las partes la que solicita la apertura del juicio oral, el juzgado, generalmente, la acordará.
Contra la decisión del juez de acordar la apertura del juicio oral no puede interponerse ningún tipo de recurso.
Por su parte, el juez también podrá acordar el sobreseimiento de la causa cuando considere que los hechos no son constitutivos de delito o cuando estime que no existen indicios de criminalidad contra el acusado, incluso aunque hayan solicitado la apertura del juicio oral el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Contra esta decisión podrá interponerse recurso de apelación.
Si se acuerda el sobreseimiento del procedimiento, se dejarán sin efecto las medidas cautelares que se hayan podido adoptar.
Una vez acordada por el Juez la apertura del juicio oral, remitirá las actuaciones a la parte acusada para que presente su escrito de defensa, en el que se deberán rebatir los extremos que contenga el escrito de acusación.
El juicio oral se celebrará ante el Juzgado correspondiente dependiendo del tipo de delito que se juzgue: ante el Juzgado de lo Penal en el caso de aquellos delitos que pueden ser sancionados con penas privativas de libertad de hasta 5 años así como las faltas cometidas relacionadas con los mismos, o ante la Audiencia Provincial para aquellos delitos sancionables con penas de prisión de 5 a 9 años así como las faltas igualmente relacionadas.
Los acusados deberán comparecer a la celebración del juicio oral acompañadas de abogado y procurador, libremente nombrados o en su defecto, designados de oficio.
Si se desconoce el paradero de los acusados y no hubiesen designado un domicilio para las notificaciones, se procederá a su busca declarándoseles en rebeldía.
En el caso de que fuesen varios los acusados en el procedimiento y alguno de ellos no se presentase, el juez podrá ordenar continuar con la tramitación del procedimiento para los que e encuentren presentes. En esta fase, se practicarán las pruebas que ambas partes hayan solicitado en sus respectivos escritos de acusación y defensa.
El procedimiento abreviado concluirá con la sentencia que se dicte tras la celebración del juicio oral.
Esta no podrá condenar al acusado a una pena mayor de la que haya solicitado cualquiera de las acusaciones, ni condenarle por un delito distinto al que ha sido objeto de enjuiciamiento.
Si la sentencia no establece la cuantía de la indemnización, cualquiera de las partes podrá solicitar que en la fase de ejecución se practiquen aquellas pruebas que sean necesarias para su determinación.
La sentencia que ponga fin al procedimiento abreviado es apelable ante la Audiencia Provincial si fue dictada por el Juez de lo Penal, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional si fue dictada por el Juez Central de lo Penal... etc.
El recurso deberá presentarse en el plazo de 10 días contados a partir de aquel en el que se produzca la notificación.
Si la sentencia ha sido dictada tras la tramitación de un procedimiento en el que no ha estado presente el inculpado, cuando se le notifique la misma podrá interponer el llamado recurso de anulación independientemente de que ya se haya presentado por alguna otra de las partes el correspondiente recuso de apelación.
El llamado "procedimiento abreviado acelerado" constituye una modalidad de procedimiento abreviado en la que prácticamente se elimina el proceso de instrucción pasándose rápidamente al enjuiciamiento de los hechos.
Para ello es necesario que concurran las siguientes circunstancias:
Ante tales circunstancias, la preparación del juicio oral se simplifica: el Juez de Instrucción solicitará que las partes acusadoras presenten de forma urgente el escrito de acusación y convocará a las partes para que se celebre el juicio oral ante el Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial.
Los escritos de acusación se remitirán a los defensores y a los terceros responsables civiles, para que éstos también puedan presentar sus respectivos escritos de defensa.
El procedimiento ordinario es el procedimiento penal previsto para el enjuiciamiento de aquellos delitos que pueden ser sancionados con penas privativas de libertad superiores a 9 años.
El órgano competente para la instrucción es el Juez de Instrucción y para su enjuiciamiento, generalmente, la Audiencia Provincial.
Al igual que en el caso del procedimiento abreviado, en la tramitación pueden distinguirse tres fases:
Técnicamente el sumario es el conjunto de aquellas actuaciones encaminadas a investigar los hechos delictivos y la posible responsabilidad de las personas que han intervenido en el mismo.
Las actuaciones sumariales son secretas excepto para las partes personadas quienes podrán examinar las actuaciones y diligencias previas que se practiquen. De forma excepcional el juez también podrá decretar para las partes el secreto del sumario por un plazo de un mes que podrá prorrogarse.
Legalmente en el sumario se forman cuatro 'piezas' o expedientes:
Una vez practicadas las diligencias de investigación, el juez dictará auto de procesamiento en el que se imputará formalmente a una persona la comisión o participación en unos hechos que son delictivos. Contra este auto pude interponerse el llamado recurso de reforma.
Tras el auto de procesamiento y una vez realizadas todas las diligencias averigüatorias, el juez dictará auto de conclusión de sumario y remitirá el expediente a la Audiencia Provincial que se encargará de enjuiciar los hechos delictivos.
Esta fase se tramita ante la Audiencia Provincial correspondiente y comprende todas aquellas actuaciones que se realizan con la finalidad de confirmar o revocar el auto de conclusión del sumario para que se proceda a la apertura del juicio oral, o en su defecto, se sobresea o archive el procedimiento (por ejemplo, si se considera que los hechos no son constitutivos de delito o que de ellos no es responsable el imputado)
Así, existe la posibilidad de que el auto de conclusión del sumario sea revocado o confirmado por la Audiencia Provincial.
En el primero de los casos, se ordenará la remisión de las actuaciones al Juez de Instrucción indicando las diligencias que deben practicarse; si se confirma el auto de conclusión podrán plantearse nuevamente dos opciones:
Después se comunicarán las actuaciones a las partes para que presenten los llamados escritos de calificación.
El escrito de calificación contendrá una relación de los hechos que se recogen en el sumario así como el delito que constituyen, la participación que en los mismos haya tenido el acusado, las circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes que pueden modificar la responsabilidad penal y las penas que deben ser impuestas.
En este escrito el acusador privado y el Ministerio Fiscal cuando también ejerciten la acción de responsabilidad civil derivada del delito deberán expresar además la cantidad en la que se valoran los daños y las personas que deben asumir esta deuda.
Igualmente las partes propondrán en estos escritos los medios de prueba de los que intentarán valerse en el acto del juicio para defender sus respectivas pretensiones.
El juez podrá admitir o rechazar por auto la práctica de las pruebas que se hayan propuesto en los escritos de calificación y señalará en esta misma resolución el día en el que tendrán inicio las sesiones del juicio oral que, como regla general, serán públicas.
Dentro del juicio oral pueden distinguirse también distintas fases:
Esta facultad es conocida como 'tesis' del Tribunal y no podrá utilizarse en las causas por delitos que sólo pueden perseguirse a instancia de parte (delitos de injurias y calumnias)
Finalmente, el procedimiento penal ordinario concluirá con la sentencia contra la que podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
http://www.iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=17000000